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Miles de manifestantes celebran con sus dirigentes al hombro la retoma de su sede en Adepcoca. Foto: Internet |
La represión del gobierno a la movilización cocalera iba generando
apoyo de diversas instituciones del departamento y de todo el país, pero
más importante aún era la movilización de los campesinos cocaleros en
los Yungas que, según diversas informaciones transmitidas por
radioemisoras y periodistas de la región así como informes que aparecían
en las redes sociales, los campesinos tomaban la decisión de
movilizarse masivamente a La Paz y bloquear las carreteras, también
informaban de vigilias en diferentes alcaldías de la región de los
Yungas y ampliados donde las bases ratificaban a su dirigente Franklin
Gutiérrez.
Por su parte el gobierno, a través del viceministro de régimen interior, Jose Luis Quiroga, lanzaba bravuconadas amenazando al movimiento cocalero con procesos por “atentar” contra la propiedad del Estado, contra la integridad de la policía y por secuestro de personas. Este individuo, en el estilo que caracteriza a todos los funcionarios del Ministerio de gobierno que ha tenido Evo Morales, acusaba a los manifestantes de portación de armas, de atentar contra la ciudadanía, de “secuestros” en plural, de tomas de alcaldías, etc. todo un rosario de delitos para caer con todo sobre la protesta social y con el fin particular de descabezarlo, por eso anunció con mucha propaganda la denuncia contra el dirigente Franklin Gutiérrez por el delito de secuestro.
Pero los campesinos no se dejaban intimidar, incluso los cocaleros que fueron al hospital a quienes la policía disparara directamente al cuerpo, animaban a sus compañeros a continuar la lucha. Todas estas expresiones de apoyo y resoluciones de ampliados en la zona cocalera llevó al comité de fundadores, que había asumido la gestión de manera irregular, a renunciar a esa representación y reconocer al dirigente Franklin Gutiérrez como el presidente que además, según señalan en su documento, fue ratificado por tres ampliados consecutivos.
Esta decisión ha llevado a las bases a retornar a su sede, y echó a la policía, que nunca tuvo un justificativo legal para impedir que los cocaleros puedan ingresar a sus instalaciones. La razón de que la policía estuviera “resguardando” el local de Adepcoca era sin lugar a dudas la necesidad del gobierno de tomar esa institución a través de un grupucho denominado comité Ad Hoc que se atrincheró en la sede de los campesinos y se protegió inmediatamente con decenas de policías.
Cuando el gobierno interviene una institución a través de sus quintacolumnas en el movimiento popular es porque necesita controlarla, en este caso, el gobierno precisa avalar su proyecto de Ley de la coca, que otorga beneficios a los campesinos cocaleros del Chapare ampliando las hectáreas de cultivo, pero para que la ley tenga el respaldo de instituciones internacionales que monitorean el tema de la coca en Bolivia precisa de la firma de Adepcoca, algo que no ha podido lograr porque la dirigencia cocalera junto a sus bases se oponen tajantemente a esa ley, sin embargo, un grupo afín a sus intereses, no importa si se tratara de un grupúsculo divorciado de las bases, podía servirle al gobierno para rubricar la Ley de la coca. Finalmente esto no sucedió.
Por su parte el gobierno, a través del viceministro de régimen interior, Jose Luis Quiroga, lanzaba bravuconadas amenazando al movimiento cocalero con procesos por “atentar” contra la propiedad del Estado, contra la integridad de la policía y por secuestro de personas. Este individuo, en el estilo que caracteriza a todos los funcionarios del Ministerio de gobierno que ha tenido Evo Morales, acusaba a los manifestantes de portación de armas, de atentar contra la ciudadanía, de “secuestros” en plural, de tomas de alcaldías, etc. todo un rosario de delitos para caer con todo sobre la protesta social y con el fin particular de descabezarlo, por eso anunció con mucha propaganda la denuncia contra el dirigente Franklin Gutiérrez por el delito de secuestro.
Pero los campesinos no se dejaban intimidar, incluso los cocaleros que fueron al hospital a quienes la policía disparara directamente al cuerpo, animaban a sus compañeros a continuar la lucha. Todas estas expresiones de apoyo y resoluciones de ampliados en la zona cocalera llevó al comité de fundadores, que había asumido la gestión de manera irregular, a renunciar a esa representación y reconocer al dirigente Franklin Gutiérrez como el presidente que además, según señalan en su documento, fue ratificado por tres ampliados consecutivos.
Esta decisión ha llevado a las bases a retornar a su sede, y echó a la policía, que nunca tuvo un justificativo legal para impedir que los cocaleros puedan ingresar a sus instalaciones. La razón de que la policía estuviera “resguardando” el local de Adepcoca era sin lugar a dudas la necesidad del gobierno de tomar esa institución a través de un grupucho denominado comité Ad Hoc que se atrincheró en la sede de los campesinos y se protegió inmediatamente con decenas de policías.
Cuando el gobierno interviene una institución a través de sus quintacolumnas en el movimiento popular es porque necesita controlarla, en este caso, el gobierno precisa avalar su proyecto de Ley de la coca, que otorga beneficios a los campesinos cocaleros del Chapare ampliando las hectáreas de cultivo, pero para que la ley tenga el respaldo de instituciones internacionales que monitorean el tema de la coca en Bolivia precisa de la firma de Adepcoca, algo que no ha podido lograr porque la dirigencia cocalera junto a sus bases se oponen tajantemente a esa ley, sin embargo, un grupo afín a sus intereses, no importa si se tratara de un grupúsculo divorciado de las bases, podía servirle al gobierno para rubricar la Ley de la coca. Finalmente esto no sucedió.
+El movimiento cocalero de los Yungas está celebrando esta victoria
aún parcial contra el gobierno, es consciente de que faltan tareas que
cumplir y sabe que el gobierno de Morales actúa de manera artera, por
eso se han declarado en emergencia y en vigilia y está demandando la
liberación de los campesinos detenidos y perseguidos penalmente.
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