Nota del Periódico El Pueblo: Traducimos de AND (Brasil) la tercera
parte de la serie de artículos correspondientes a la estructura agraria
de América Latina, la que está dividida en 5 y que serán publicadas
todos los jueves. Estos tienen la intención de ofrecer a los lectores
una visión integral de la cuestión agraria campesina en los países que
componen América Latina. El autor es Vinicius Alves.
Para ver la primera parte, donde se abordó el papel del modelo agroexportador, haz click aquí.Para ver la segunda parte, donde se abordó la distribución de tierra en la región y la relación con la desigualdad, haz click aquí.
El
presente texto es la tercera parte del artículo Panorama de la
Estructura Agraria en América Latina, el que hace un análisis de la
relación entre la tenencia de la tierra y el poder político-económico.
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Tierra y poder
El monopolio de la tierra es fuente de poder político y económico. La disputa por la tierra siempre ha sido una disputa por poder. El control de esta por las clases dominantes reaccionarias se ejerce principalmente mediante la violencia. El que ejerce el control de la tierra decide sobre su uso y determina el destino de los beneficios de su explotación.
Las
clases dominantes, especialmente los terratenientes, han utilizado su
poder para influir en las decisiones políticas y reguladoras que afecten
a sus intereses en torno a la tierra. Además, los
monopolios nativos o extranjeros, instrumentos de dominación del
imperialismo, han aumentado su actuación en el sector agropecuario en la
región aquí analizada.
Un
conjunto de factores ha atraído el interés de los monopolios
extranjeros en América Latina, tales como: la demanda insaciable por
materias primas y energías por las potencias imperialistas, el precio
más bajo de la tierra, la disponibilidad de agua, beneficios fiscales,
subsidios, facilidades en la remesa de los beneficios hacia el exterior, legislaciones ambientales y laborales frágiles, etc.
Los
monopolios ejercen su dominio a través de un complejo sistema de
relaciones políticas, económicas (comerciales y financieras), legal e
ilegal, lícito e ilícito. La participación no siempre es evidente.
El
estudio de Oxfam destaca la dificultad de saber quiénes son los
propietarios de las tierras en la región, ya que la oscuridad de las
transacciones, el uso de sociedades fantasmas, la titulación a nombre de
terceros, el secreto y las barreras burocráticas en los órganos de los
viejos Estados que administran los catastros y los registros de la propiedad crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios.
Un
conjunto de factores aislados que conjuntamente posibilitan el dominio
completo de la tierra y de sus recursos naturales por los monopolios,
tales como: el control de los flujos de capitales del mercado vía acción
monopolista, de las acciones de un rol de empresas; La creación de filiales; Los acuerdos con empresas nativas, latifundistas y hasta campesinos; La influencia en las decisiones de los organismos internacionales (OMC, G7, G20, etc.) y de los gerenciamientos (“gobiernos”, nota nuestra) de turno sobre las medidas y los marcos normativos que afecten sus intereses.
El control ejercido por los monopolios se hace en toda la cadena productiva (producción, circulación y comercialización). Por
ejemplo, las materias primas agrícolas producidas son adquiridas por
las multinacionales, que se ocupan de su recolección, procesamiento y
distribución en el mercado mundial. Este mercado
ha sido dominado por el oligopolio del “ABCD”, integrado por ADM, Bunge,
Cargill y Louis Dreyfus, que juntas comercializan gran parte de los
alimentos producidos y consumidos en el mundo y, en años recientes, ha
controlado casi tres cuartas partes del comercio mundial de granos.
En
2014, en Paraguay, el oligopolio compuesto por Cargill, ADM, Bunge,
Compañía Paraguaya de Granos, Noble, Grupo Favero y Louis Dreyfus,
ordenados según el grado de importancia, concentró más del 80% de las
exportaciones de soja y derivados. Las empresas
tenían sus propias infraestructuras de transporte y almacenamiento,
incluyendo silos, embarcaciones y puertos en todo el país.
En
Bolivia, la exportación de la soja y derivados era controlada por
cuatro empresas, que juntas exportaban el 77% de los granos en el país:
Gravetal, de Venezuela (31%), Fino, de Perú (22%), ADM (13%) y Cargill (11%).
Es
decir, los monopolios extranjeros son los que deciden qué, cómo, cuándo
y cuánto producir, así como son quienes se apropian de los mayores
beneficios de la explotación de las tierras.
Latifundios, monopolios y el sistema político
Los
terratenientes y los monopolios han ejercido fuertes presiones sobre
los gerentes de turno y parlamentarios para que éstos adopten medidas
políticas que atiendan sus intereses, además de financiar campañas
electorales a cambio de favores.
Por
ejemplo, en Perú, Ollanta Humala (2011-2016), que llegó a la gerencia
federal del viejo Estado con un discurso de “cambio social”, se alió a
las clases dominantes, que antes criticaba. Humala nombró agentes de los monopolios para la administración estatal, además de aprobar un “paquetazo” (de medidas gubernamentales, nota nuestra)
que privilegió a las mineras, como la flexibilización de los
procedimientos de aprobación de estudios ambientales y arqueológicos y
la utilización de tierras comunales campesinas.
En Brasil, la bancada latifundista, defiende los intereses de esa clase en el Congreso Nacional. Esta
bancada ha sistemáticamente bloqueado cualquier acción estatal de
expropiación de inmuebles rurales que no cumplan su función social, tal
como establece la propia Constitución burguesa. También rechazan la demarcación de territorios indígenas y quilombolas (refugios de esclavos africanos, nota nuestra).
Monopolio de la tierra y desigualdades
El monopolio de la tierra es tanto una herencia colonial como un cáncer actual. Históricamente,
las oligarquías latifundistas, designadas en algunos países como
terratenientes, y más recientemente, los monopolios, controlan la
tierra, sus recursos y la riqueza generada a partir de ella.
La
distribución desigual de las tierras es un problema estructural en toda
América Latina, resultado de la ausencia de revoluciones democráticas
victoriosas, que distribuyesen e incentivaran el uso de la tierra de
forma productiva, contribuyendo al desarrollo de la economía y de la
nación.
La
concentración de la tierra es un obstáculo para el crecimiento
económico de la región, además de ser una de las principales causas de
las desigualdades económicas y sociales enfrentadas por sus pueblos. Según
Oxfam, las 32 personas más ricas en América Latina concentraban la
riqueza equivalente a los 300 millones más pobres, siendo que el 64% de
esta riqueza proviene de activos no financieros, destacándose el control
de la tierra.
Los
terratenientes tienen una serie de privilegios fiscales en la región.
Según el estudio aquí utilizado, los impuestos sobre la propiedad de la
tierra suelen ser irrisorios debido a tres razones. En
primer lugar, “los valores catastrales suelen estar muy por debajo del
valor real de mercado y no se actualizan con suficiente frecuencia”. En segundo lugar, “las tasas con que se marca la propiedad rural suelen ser muy bajas y regresivas”. Y
tercero, “los gobiernos locales […] a menudo están bajo el control de
las élites locales que son propietarias de tierra, que pueden bloquear
la aplicación de sistemas impositivos más justos y eficientes”.
Esto
contribuye a la improductividad del latifundio y al mantenimiento del
carácter especulativo de la tierra, además de negar al acceso a la
tierra a millones de campesinos, indígenas y comunidades
afrodescendientes.
La
democratización de la tierra significa una mejor distribución de los
recursos, generando más empleos en las áreas rurales, distribuyendo
mejor la riqueza y, por lo tanto, contribuyendo significativamente a
reducir la pobreza y las desigualdades. Las pequeñas producciones pueden ser más productivas por hectárea que las grandes cuando existen las condiciones adecuadas.
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