Achacachi desafía a Evo Morales
La población de Achacachi movilizada en La Paz, sus carteles acusan al alcalde y los ponchos rojos de Evo Morales de ladrones.
Análisis y Opinión
02/08/17
La población de Achacahi, que ha tenido una significación especial en la
legitimación del gobierno como el desarrollo de un proceso de carácter
popular le ha dado al gobierno una derrota política, moral y simbólica
con el rechazo de la población no sólo a sus autoridades locales sino a
la gran celebración que hace Evo Morales cada año junto a las nefastas
Fuerzas Armadas del país.02/08/17
Los levantamientos campesinos en el año 2000, particularmente del altiplano, pusieron a varias poblaciones en el ojo de la opinión pública; muchos de estos pueblos se movilizaron contra las políticas del gobierno reaccionario y neoliberal de Sánchez de Lozada bajo la dirección de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), filial La Paz, del entonces dirigente Felipe Quispe, el “mallku”.
La crisis del programa neoliberal supuso el ascenso de un nuevo programa, que encabezó Evo Morales con una retórica revolucionaria y antiimperialista, sin embargo en la negociación para acceder al poder Álvaro García ofertaba a los empresarios que el Movimiento al Socialismo (MAS) era el único partido que le garantizaría hacer negocios sin protestas sociales mientras que Antonio Peredo afirmaba con vehemencia que el MAS no se apartaría del Statu Quo, en sus palabras “respetaría la democracia”, saliendo al paso de las versiones que señalaban al MAS como un partido antisistema.
La ascendencia popular del MAS y el origen sindicalista de Evo y otros
miembros de su plataforma convencieron a buena parte de la población de
que se trataba de un gobierno al servicio de los intereses populares y
muchos protagonistas en la lucha contra el programa neoliberal se
adhirieron al nuevo programa. La población de Achacachi que había
desempeñado un protagonismo especial fue parte activa del encumbramiento
de Evo Morales en el poder, incluso a despecho de quien fue su máximo
dirigente Felipe Quispe quien se distanció de Morales.El MAS, en particular Álvaro García Linera, siempre trató de aprovechar el potencial simbólico de Achacachi, en uno de sus discursos habló de sus épocas de “guerrillero” señalando que llevaban sus instrumentos de trabajo en la mano y el fusil bajo el poncho, el gobierno promovió la creación de la organización “ponchos rojos” en su búsqueda de concretar este significado simbólico y estrechar aún más los lazos que unían a esta población con el gobierno.
Esta efervescencia no duró mucho. Los revisionistas y los reaccionarios suelen levantar banderas que luego se caen por su propia acción, se convierten en banderas caducas muy pronto porque se levantaron en base a la impostura y la falsedad, con el objetivo de ser usadas por intereses mezquinos y pasajeros. La población de Achacachi padeció el tener como alcalde a un representante del MAS, Eugenio Rojas, quien, a pesar de tener denuncias de corrupción, escaló posiciones en el gobierno llegando a ser Senador y alto funcionario en el gobierno. Por su parte los ponchos rojos eran utilizados como tropa de choque en cada acto de presentación de Evo Morales o para contraponer las luchas del movimiento popular que no estaba de acuerdo con las políticas del régimen. El gobierno aplicaba, usando a este sector y otros afines, su política social fascista de enfrentar masas contra masas.
Achacachi era una población que siguió confiando en Evo Morales, aunque ya no como en sus inicios, la popularidad del gobierno ha caído grandemente, aun así el candidato del gobierno Edgar Ramos fue elegido alcalde de dicha población. El fuerte conflicto que se generó actualmente no es sino el desenlace de una práctica reaccionaria contra la población y que se repite en varias alcaldías en las zonas campesinas gobernadas por el MAS.
Durante el conflicto el gobierno envió policías, pero estos permitieron que los ponchos rojos atacaran las casas y negocios del pueblo
La situación que vive Achacachi en este momento es ilustrativa y se
puede decir que es el mismo mecanismo político que el gobierno aplica en
todos sus conflictos. A principios de año se inicia el conflicto con el
alcalde por la falta de rendición de cuentas, cuando legal y
tradicionalmente la rendición de cuentas es pública (en Achacachi
incluso se estilaba hacerlo en el Estadio de fútbol); el alcalde,
temiendo la censura, reunió a un grupo de dirigentes “ponchos rojos” en
un ambiente cerrado para hacer su informe y salir vitoreado de ahí en
medio de vivas y aplausos. La población enojada y reunida en la plaza de
Achacachi declaró un paro cívico que llevó más de una semana y puso al
gobierno en aprietos.
Mientras el pueblo aplicaba estas medidas fuertes, los dirigentes campesinos “ponchos rojos” (que también son vecinos del pueblo) se preparaban para defender al alcalde. Esto puede parecer una clásica contradicción entre sectores urbanos y campesinos, sin embargo hay que señalar que, según las fuentes del lugar y denuncias de dirigentes y otros actores, muchos de los “ponchos rojos” eran funcionarios estatales, además, según dirigentes, la participación de éstos tampoco fue unánime, algunos sectores de “ponchos rojos” no apoyaron al alcalde. Esto nos muestra claramente la participación del MAS en el conflicto con la determinación estatal de defender al alcalde y la participación de funcionarios públicos, la orden era enfrentar a los dirigentes (y la población) que cuestionaba al alcalde. A esto hay que sumar la participación de ese nefasto personaje que asumió como “defensor del pueblo” que en realidad es defensor del gobierno muy presto a romper movilizaciones con embaucamientos y sobornos, este caso no fue la excepción, según activistas que buscaban mediación en el conflicto y el cura de la población, el señor Tezanos (que funge de defensor) fue a reunirse con los ponchos rojos a la localidad vecina, Warisata, y volvió a Achacachi con el pedido a la población de que ésta se mantenga dentro de sus casas y evite la confrontación, que los manifestantes iban a realizar una marcha pacífica pues tenían derecho a ello.
Pero la manifestación no fue como dijo Tezanos, la marcha desencadenó una serie de acciones contra los negocios y viviendas de Achacachi, piedras fueron lanzadas contra viviendas e instituciones de la localidad, contra las casas de los dirigentes, luego de las piedras los manifestantes prendieron fuego a algunas de éstas, según pobladores de Achacachi, tanto el alcalde como el “defensor” estuvieron presentes en las protestas, incluso, según testimonio de activistas mediadores, el alcalde salió en hombros por los manifestantes.
Ante toda acción contra la población es previsible esperar una reacción y así se dio, la población reaccionó, en particular la población joven, y atacó la alcaldía y la casa del alcalde. Estos fueron quemados. El gobierno, que se ha tomado a pecho la defensa del Estado reaccionario, se impuso la tarea de no dejar sin castigo estos hechos, es decir, los destrozos generados por la reacción de la población contra su alcalde. En esta ocasión el gobierno si piensa llevar a fondo SU investigación y construir SU versión de los hechos, para esto se está empleando a fondo y está deteniendo dirigentes; a diferencia de cuando muere una persona del pueblo en las protestas contra el gobierno a manos de los aparatos represores del Estado (policía y aparatos de inteligencia) a cargo del Ministerio de Gobierno, en estos casos la promesa de “investigar caiga quien caiga” son puras mentiras.
A pesar de haber transcurrido meses de aquellos hechos el conflicto no ha terminado. La actuación del gobierno no ha ido en función de calmar los ánimos ni conciliar con las bases. Es costumbre del gobierno de Evo Morales tener como enemigo jurado a quienes le hacen una afrenta como esta y por supuesto ha activado su mecanismo de persecución judicial contra los dirigentes.
Según información de dirigentes el gobierno estaba preparando la realización de la Parada Militar por el aniversario del país (aniversario del viejo Estado boliviano) en esa localidad, hay informes que señalan que el ejército había ido a “reconciliarse” con varias localidades de Achacachi, los militares han llevado regalos y realizado prácticas de desfile y manejo de armamento para la parada militar. En algunos casos los dirigentes señalan que tuvieron que compartir un apthapi con ellos, tal parece que este relacionamiento con la población hizo entrar en confianza al gobierno y activó el mecanismo judicial para detener a los dirigentes vecinales que encabezaron el paro cívico a inicios del año. En una entrevista el Ministro de Defensa, en referencia a los dirigentes contestatarios declaró “son gente que no representa a nadie, ya lo van a ver”.
Pues bien, lo que hemos visto ha sido todo lo contrario, la detención de los dirigentes generó la reacción de toda la población, que ha visto en carne propia como maneja el gobierno al poder judicial. Si por un lado el gobierno aprendió a manejar bien la política de enfrentar masas contra masas, por el otro, aplica la persecución judicial como un verdadero mecanismo de persecución política. Los dirigentes prebendales del MAS y autoridades del régimen suelen decir muy sueltos de huesos que los acusados deben defenderse en la justicia y que ésta será quien determine su responsabilidad en los hechos que se les imputa. Ese discurso bien aprendido sale a relucir en cada acto judicial contra dirigentes que denuncian la persecución estatal. Los voceros del régimen no dicen lo que pasa en realidad en la “justicia”.
Tanto los dirigentes vecinales por un lado, y el alcalde y los ponchos rojos por el otro han sido denunciados por los destrozos en Achacachi. La “justicia”, a la que se refiere el gobierno, actúa con un peso enorme contra unos y nada sobre los otros, por ejemplo los que se querellan contra el dirigente vecinal Esnor Condori son, a decir de su abogado, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Comunicación, es decir, tres ministerios, y además de esto el caso tiene nada menos que 4 fiscales. Este es un mecanismo que normalmente el gobierno aplica contra sus opositores conservadores a quien los acusa de ser de la “derecha financiada por el imperio”, en este caso, hablamos de un poblador de Achacachi, de origen campesino al que le cae todo el peso del aparato estatal porque el gobierno quiere aplastar cualquier tipo de oposición.
Al dirigente lo detuvieron saliendo de un programa de radio y participaron según versiones periodísticas los investigadores policiales y miembros de inteligencia. Por el lado contrario tanto al alcalde como a los llamados ponchos rojos no se les puede dar siquiera la notificación de la demanda, esto también según el abogado, a pesar de que el alcalde cuestionado estuvo con la policía cuando detuvieron a Esnor Condori. Este es el tratamiento que da el gobierno a quienes se han desmarcado de su política, esta es la justicia que levantan como canallas esos dirigentes del MAS que no es otra cosa que persecución política contra toda forma contestataria al régimen. El hecho de que finalmente le hayan dado detención domiciliaria al dirigente Condori se ha debido al apoyo total de su población que se trasladó a la ciudad de La Paz a protestar cuestionando lo que todos hemos visto claramente, un poder judicial parcializado y sometido al gobierno.
La parcialidad de esta “justicia” con el gobierno y sus funcionarios es clara, cuando actuó en contra del ex presidente de la empresa petrolera estatal YPFB, Guillermo Achá, el fiscal tuvo la asistencia del Ministerio de Justicia, en este caso, el funcionario del Ministerio de Justicia prácticamente era un abogado más de este individuo, en un cuarto intermedio el acusado Achá tuvo tiempo de sostener una reunión con el juez de la causa, algo totalmente irregular como ilegal y que el fiscal de caso se vio obligado a denunciar esto ante los medios de comunicación, a los funcionarios de menor rango de YPFB también implicados en el caso fueron a la cárcel, mientras que a Achá le dieron detención domiciliaria, incluso cuando este no tiene domicilio en La Paz porque radica en Santa Cruz, (a otros procesados les han negado la detención domiciliaria porque su certificado domiciliario contenía errores ortográficos). A pesar de todo el escándalo nadie ha movido un dedo para investigar estas irregularidades.
La “justicia” del proceso de cambio es clasista y reaccionaria como siempre fue en el pasado. Más aberrante aún es saber que en procesos de delincuencia organizada no hay fiscal ni ministerio de gobierno que se haga presente. Por ejemplo, en el caso reciente del asalto a una joyería en Santa Cruz, Eurochronos, uno de los asaltantes que murió en el hecho había sido beneficiado con arresto domiciliario por un juez que en su descargo señaló que el tipo estaba detenido sin acusación y que a la audiencia de medidas sustitutivas no había ido ni el fiscal ni el representante del ministerio de gobierno. Por supuesto esta gente está ocupada deteniendo a dirigentes campesinos.
Achacahi está levantada pues ahora dos dirigentes maestros han sido detenidos por el gobierno, la población ha apelado a las comunidades y por lo menos 14 de ellas han llegado al pueblo a firmar un Pacto de Unidad, otro elemento simbólico que ahora usa el pueblo en contra del gobierno. El Pacto de Unidad lo conformaron organizaciones campesinas e indígenas cuando Evo subió al poder, hoy ese Pacto de Unidad está más desgastado que un trapeador, solo se sostiene por la capacidad de prebenda del gobierno a los dirigentes degenerados. Achacahi ahora firma un Pacto de Unidad entre la población y sus comunidades para enfrentar esta arremetida del gobierno contra sus dirigentes y contra su lucha. Achacahi le ha dado un mentís a Evo Morales, le ha propinado una derrota política, moral y simbólica.
Mientras el pueblo aplicaba estas medidas fuertes, los dirigentes campesinos “ponchos rojos” (que también son vecinos del pueblo) se preparaban para defender al alcalde. Esto puede parecer una clásica contradicción entre sectores urbanos y campesinos, sin embargo hay que señalar que, según las fuentes del lugar y denuncias de dirigentes y otros actores, muchos de los “ponchos rojos” eran funcionarios estatales, además, según dirigentes, la participación de éstos tampoco fue unánime, algunos sectores de “ponchos rojos” no apoyaron al alcalde. Esto nos muestra claramente la participación del MAS en el conflicto con la determinación estatal de defender al alcalde y la participación de funcionarios públicos, la orden era enfrentar a los dirigentes (y la población) que cuestionaba al alcalde. A esto hay que sumar la participación de ese nefasto personaje que asumió como “defensor del pueblo” que en realidad es defensor del gobierno muy presto a romper movilizaciones con embaucamientos y sobornos, este caso no fue la excepción, según activistas que buscaban mediación en el conflicto y el cura de la población, el señor Tezanos (que funge de defensor) fue a reunirse con los ponchos rojos a la localidad vecina, Warisata, y volvió a Achacachi con el pedido a la población de que ésta se mantenga dentro de sus casas y evite la confrontación, que los manifestantes iban a realizar una marcha pacífica pues tenían derecho a ello.
Pero la manifestación no fue como dijo Tezanos, la marcha desencadenó una serie de acciones contra los negocios y viviendas de Achacachi, piedras fueron lanzadas contra viviendas e instituciones de la localidad, contra las casas de los dirigentes, luego de las piedras los manifestantes prendieron fuego a algunas de éstas, según pobladores de Achacachi, tanto el alcalde como el “defensor” estuvieron presentes en las protestas, incluso, según testimonio de activistas mediadores, el alcalde salió en hombros por los manifestantes.
Ante toda acción contra la población es previsible esperar una reacción y así se dio, la población reaccionó, en particular la población joven, y atacó la alcaldía y la casa del alcalde. Estos fueron quemados. El gobierno, que se ha tomado a pecho la defensa del Estado reaccionario, se impuso la tarea de no dejar sin castigo estos hechos, es decir, los destrozos generados por la reacción de la población contra su alcalde. En esta ocasión el gobierno si piensa llevar a fondo SU investigación y construir SU versión de los hechos, para esto se está empleando a fondo y está deteniendo dirigentes; a diferencia de cuando muere una persona del pueblo en las protestas contra el gobierno a manos de los aparatos represores del Estado (policía y aparatos de inteligencia) a cargo del Ministerio de Gobierno, en estos casos la promesa de “investigar caiga quien caiga” son puras mentiras.
A pesar de haber transcurrido meses de aquellos hechos el conflicto no ha terminado. La actuación del gobierno no ha ido en función de calmar los ánimos ni conciliar con las bases. Es costumbre del gobierno de Evo Morales tener como enemigo jurado a quienes le hacen una afrenta como esta y por supuesto ha activado su mecanismo de persecución judicial contra los dirigentes.
Según información de dirigentes el gobierno estaba preparando la realización de la Parada Militar por el aniversario del país (aniversario del viejo Estado boliviano) en esa localidad, hay informes que señalan que el ejército había ido a “reconciliarse” con varias localidades de Achacachi, los militares han llevado regalos y realizado prácticas de desfile y manejo de armamento para la parada militar. En algunos casos los dirigentes señalan que tuvieron que compartir un apthapi con ellos, tal parece que este relacionamiento con la población hizo entrar en confianza al gobierno y activó el mecanismo judicial para detener a los dirigentes vecinales que encabezaron el paro cívico a inicios del año. En una entrevista el Ministro de Defensa, en referencia a los dirigentes contestatarios declaró “son gente que no representa a nadie, ya lo van a ver”.
Pues bien, lo que hemos visto ha sido todo lo contrario, la detención de los dirigentes generó la reacción de toda la población, que ha visto en carne propia como maneja el gobierno al poder judicial. Si por un lado el gobierno aprendió a manejar bien la política de enfrentar masas contra masas, por el otro, aplica la persecución judicial como un verdadero mecanismo de persecución política. Los dirigentes prebendales del MAS y autoridades del régimen suelen decir muy sueltos de huesos que los acusados deben defenderse en la justicia y que ésta será quien determine su responsabilidad en los hechos que se les imputa. Ese discurso bien aprendido sale a relucir en cada acto judicial contra dirigentes que denuncian la persecución estatal. Los voceros del régimen no dicen lo que pasa en realidad en la “justicia”.
Tanto los dirigentes vecinales por un lado, y el alcalde y los ponchos rojos por el otro han sido denunciados por los destrozos en Achacachi. La “justicia”, a la que se refiere el gobierno, actúa con un peso enorme contra unos y nada sobre los otros, por ejemplo los que se querellan contra el dirigente vecinal Esnor Condori son, a decir de su abogado, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Comunicación, es decir, tres ministerios, y además de esto el caso tiene nada menos que 4 fiscales. Este es un mecanismo que normalmente el gobierno aplica contra sus opositores conservadores a quien los acusa de ser de la “derecha financiada por el imperio”, en este caso, hablamos de un poblador de Achacachi, de origen campesino al que le cae todo el peso del aparato estatal porque el gobierno quiere aplastar cualquier tipo de oposición.
Al dirigente lo detuvieron saliendo de un programa de radio y participaron según versiones periodísticas los investigadores policiales y miembros de inteligencia. Por el lado contrario tanto al alcalde como a los llamados ponchos rojos no se les puede dar siquiera la notificación de la demanda, esto también según el abogado, a pesar de que el alcalde cuestionado estuvo con la policía cuando detuvieron a Esnor Condori. Este es el tratamiento que da el gobierno a quienes se han desmarcado de su política, esta es la justicia que levantan como canallas esos dirigentes del MAS que no es otra cosa que persecución política contra toda forma contestataria al régimen. El hecho de que finalmente le hayan dado detención domiciliaria al dirigente Condori se ha debido al apoyo total de su población que se trasladó a la ciudad de La Paz a protestar cuestionando lo que todos hemos visto claramente, un poder judicial parcializado y sometido al gobierno.
La parcialidad de esta “justicia” con el gobierno y sus funcionarios es clara, cuando actuó en contra del ex presidente de la empresa petrolera estatal YPFB, Guillermo Achá, el fiscal tuvo la asistencia del Ministerio de Justicia, en este caso, el funcionario del Ministerio de Justicia prácticamente era un abogado más de este individuo, en un cuarto intermedio el acusado Achá tuvo tiempo de sostener una reunión con el juez de la causa, algo totalmente irregular como ilegal y que el fiscal de caso se vio obligado a denunciar esto ante los medios de comunicación, a los funcionarios de menor rango de YPFB también implicados en el caso fueron a la cárcel, mientras que a Achá le dieron detención domiciliaria, incluso cuando este no tiene domicilio en La Paz porque radica en Santa Cruz, (a otros procesados les han negado la detención domiciliaria porque su certificado domiciliario contenía errores ortográficos). A pesar de todo el escándalo nadie ha movido un dedo para investigar estas irregularidades.
La “justicia” del proceso de cambio es clasista y reaccionaria como siempre fue en el pasado. Más aberrante aún es saber que en procesos de delincuencia organizada no hay fiscal ni ministerio de gobierno que se haga presente. Por ejemplo, en el caso reciente del asalto a una joyería en Santa Cruz, Eurochronos, uno de los asaltantes que murió en el hecho había sido beneficiado con arresto domiciliario por un juez que en su descargo señaló que el tipo estaba detenido sin acusación y que a la audiencia de medidas sustitutivas no había ido ni el fiscal ni el representante del ministerio de gobierno. Por supuesto esta gente está ocupada deteniendo a dirigentes campesinos.
Achacahi está levantada pues ahora dos dirigentes maestros han sido detenidos por el gobierno, la población ha apelado a las comunidades y por lo menos 14 de ellas han llegado al pueblo a firmar un Pacto de Unidad, otro elemento simbólico que ahora usa el pueblo en contra del gobierno. El Pacto de Unidad lo conformaron organizaciones campesinas e indígenas cuando Evo subió al poder, hoy ese Pacto de Unidad está más desgastado que un trapeador, solo se sostiene por la capacidad de prebenda del gobierno a los dirigentes degenerados. Achacahi ahora firma un Pacto de Unidad entre la población y sus comunidades para enfrentar esta arremetida del gobierno contra sus dirigentes y contra su lucha. Achacahi le ha dado un mentís a Evo Morales, le ha propinado una derrota política, moral y simbólica.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario