¡Ninguna agresión sin respuesta! Organicémonos para luchar contra la carestía, el desalojo de campamentos y la persecución al comercio ambulante.
En lo que va del año cerca de 500 familias desalojadas (cerca de 200 el pasado 16 de mayo en Cerro Navia, 100 personas desalojadas en el campamento Juan Riquelme de la comuna de Concepción, 15 familias del campamento “Las Mulatas”, de Valdivia). A eso se suman 700 familias que están a horas de ser desalojadas del campamento Dignidad en La Florida, cerca de 6.000 familias del campamento en el cerro La Virgen de San Antonio que están a un par de meses del desalojo. Tampoco se puede despreciar los incendios en las tomas, como el ocurrido en el campamento "Manuel Bustos" de Viña del Mar, donde unas 600 casas resultaron quemadas, y el campamento “Mujeres Unidas” de Antofagasta, donde 20 familias quedaron sin hogar producto de otro incendio.
Frente a esto el MINVU, el SERVIU, las autoridades locales hacen vista gorda, esperando que se cumplan los plazos de las 50 órdenes de desalojo pendientes en diferentes campamentos del país (según reportaje de CIPER Chile, del 4 de junio de 2024). ¿Quiénes ganan con esto? Las grandes empresas inmobiliarias que lucran con la vivienda básica, los corredores de propiedades, los dueños de terrenos (bienes nacionales y terratenientes) y los bancos con sus créditos hipotecarios. ¡No se pueden seguir permitiendo desalojos sin soluciones habitacionales, menos aún cuando los precios de los alquileres de casas y departamentos se han ido a las nubes!
La situación empeora y el salario no alcanza. Desde el 1 de septiembre de 2023 el salario mínimo aumentó a $460.000 y ahora el 1 de julio de 2024 a $500.000, es decir, aumentó un 8,7%, siendo que el costo de vida en los alimentos aumentó un 100%. Un fideo de 400gr que el 2023 costaba $500, ahora cuesta $1.000, el kilo de arroz que costaba $1.000, ahora cuesta $2.000, el kilo de harina se triplicó, el kilo de pan ya está alcanzando los $3.000 y así la vida en general cuesta más del doble para la mayoría de la población; las masas populares.
Aún así, el pueblo lo acusan de alimentarse mal, pero lo condicionan a comer las sobras de los ricos. Los peores granos de trigo para el consumo de los sectores populares y los mejores productos para los dueños del país, sus seguidores y lacayos. Las verduras que no califican para exportación se venden en ferias y calles del país para abastecer a las familias pobres, mientras que las mejores verduras se venden desde el JUMBO y TOTTUS para arriba. Los más ricos tienen sus propias producciones de productos orgánicos y sin toda la porquería de químicos que les meten a los productos que le venden a los más pobres. Las viejas pulperías ahora son “modernos supermercados”. Es la misma figura de hace 100 años. Los antiguos dueños de las mineras, industriales, banqueros, grandes comerciantes y los terratenientes locales, dueños y productores de alimentos y cadenas de supermercados, nos venden lo que producimos los millones de obreros y campesinos del país.
El comercio ambulante no es delito. Al comerciante ambulante lo acusan de evadir impuestos, pero al comprar sus mercancías en el comercio establecido indirectamente ellos si están pagando impuestos (los que vienen incluidos en el precio de ese comercio). Además, sus ganancias son destinadas comprar sus medios de subsistencia, y ahí también están pagando el IVA. Los precios bajos de los productos que el ambulante vende, no es precisamente por “evasión tributaria”, es porque no están pagando por un alquiler de un espacio que cuente con los servicios básicos, quedando expuestos al frio, las lluvias, las olas de calor o cualquier otra inclemencia.
Las autoridades acusan al comercio ambulante de “infringir normas sanitarias”, pero nada dicen de la precariedad del sistema de salud pública y de los altos costos de la salud privada ¿Eso no es delito? Matar pacientes en largas listas de espera y no tener médicos para la salud pública en zonas rurales ¿No es delito? Mas encima, más se enferma una persona yendo a un consultorio, más que consumiendo alimentos en los carritos de comida que constantemente están incautando en los mega operativos de fiscalización que cada mes realizan (principalmente en la región metropolitana). Este Estado se preocupa mas de defender los intereses de la Cámara Nacional de Comercio y sus grandes tiendas, que de “defender el trabajo” como tanto dicen sus autoridades parasitarias. Ya no les bastó con sus inspectores municipales, ahora implementaron policía municipal especializada, equipada tal cuál la policía regular, los nuevos matones del municipio, aumentando indirectamente el presupuesto a carabineros (a través de estos "terceros").
Y ahora se viene una nueva alza de las tarifas eléctricas, de combustibles, de alimentos. y esa crisis al final la terminamos pagando las familias mas pobres del país con su trabajo explotado y con los impuestos que nos imponen. Frente a todos estos abusos, frente a toda esa opresión no puede postergarse mas la forja de organizaciones clasistas en todos los sectores, en campamentos, poblaciones, trabajos, zonas rurales, escuelas, liceos y universidades.
¡Ni las tomas de terreno, ni el comercio ambulante son delitos mientras exista cesantía, déficit habitacional y carestía!
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