En días pasados, la gobernadora de Imbabura, Gabriela Jaramillo, estuvo presente en Buenos Aires, Imbabura, para reafirmar la política estatal de guerra en contra del campesinado pobre y violentar la soberana decisión de las masas de oponerse a la presencia de la empresa minera Hanrine.
Esta tipeja, ganapán de los grandes terratenientes y la gran minería, amenaza a la población con fortalecer la presencia de militares y policías argumentando que, atrás de la negativa y resistencia a la explotación minera, existen grupos afables a la minería ilegal para expulsar a la transnacional minera; declaración infundada que busca CRIMINALIZAR la justa lucha de las masas campesinas en contra de la depredación de los recursos naturales.
Hasta aquí las brega campesina por la tierra y la vida ha sido preponderantemente pacífica, sin que esto niegue que también se hayan realizado legítimas y necesarias acciones de fuerza para tratar de detener la voracidad del viejo Estado y de la empresa minera; sin embargo, la represión y persecución de luchadores populares han configurado la región como un verdadero teatro de guerra donde se ha restringido los más elementales derechos constitucionales de libre circulación y asociación, además, de realizar permanentes ataques armados a los campesinos que protestan en contra de la explotación minera.
Por las distintas vías de Buenos Aires y sus alrededores circulan patrullas de militares con dotación de guerra; carros blindados, retenes; allanamiento de fincas y viviendas; sobrevuelos a aeronaves del ejército y la FAE; despliegue de equipos de inteligencia, cuyo objetivo principal es el de operar sobre los compañeros dirigentes, desinformar a la población y propiciar contraponer masas contra masas; esto es, organizar grupos de choque patrocinados por la minera para que deslegitimen la organización y lucha de los campesinos.
Nadie puede romper el estado de sitio; tampoco caminar libremente por cualquier lugar de Buenos Aires sin ser abordado por los aparatos represivos. Se restringe las reuniones políticas o cualquier otra manifestación en contra de la minera. Cualquier visitante es investigado, se toman fotos de los documentos. De igual forma, se filman y fotografían vehículos y a sus ocupantes. Si se entra al poblado y a ciertas zonas donde opera la minera, solo se lo puede hacer “acompañados” por policías o militares. Si por alguna razón, el argumento o justificación del por qué se ingresa a la comunidad no satisface a la represión, se impide el acceso a la misma.
A las masas no les queda otro camino sino la radicalización de la lucha en defensa de la tierra.
Hay que COMBATIR Y RESISTIR; es lo que debemos hacer. No hay que dejarse intimidar por el discurso hueco, reaccionario, militarista, represivo y entreguista de la gobernadora, hiena servil al viejo Estado.
No hay que dejarse intimidar por la soldadesca y su armamento, ¡son tigres de papel!
La lucha por la tierra y la lucha en contra de la gran minería es una lucha justa; la respuesta represiva del viejo estado solo atiza la creciente protesta popular, eso hay que entender; no se puede convocar al diálogo cuando hay la posición intransigente y definitiva de las autoridades de no retirar el programa minero en la región. Al no existir esos puentes de comunicación y consensos, pues bien, solo nos queda la lucha, decidida, implacable e indefinida hasta que la empresa minera se retire de Buenos Aires.
Si el viejo Estado quiere fomentar la economía y mejorar los niveles de vida de los comuneros de Buenos Aires, QUE ENTREGUE LAS TIERRAS CONCESIONADAS A LA GRAN EMPRESA MINERA A LOS CAMPESINOS POBRES.
LA LUCHA EN DEFENSA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA ES LEGÍTIMA Y JUSTA
EXIGIMOS LA DESMILITARIZACIÓN DE BUENOS AIRES
EXIGIMOS LA SALIDA DE LA EMPRESA MINERA DE BUENOS AIRES
RECHAZAMOS LOS TRINOS DE GUERRA EMITIDOS POR LA GOBERNADORA DE IMBABURA
¡COMBATIR Y RESISTIR!
¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!
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