Los terribles sucesos que a continuación se relatarán, acaecidos entre
el 18 y el 19 de junio de 1996, se produjeron mientras se desarrollaba
en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista, cuyo
anfitrión era el entonces jefe de Estado Alan García Pérez y a la que
asistían además, más de un centenar de dirigentes políticos del mundo,
entre ellos veintidós presidentes, incluyendo al entonces Presidente de
Gobierno español Felipe González, representantes de setenta partidos
políticos, y cerca de quinientos periodistas extranjeros.
Según informaciones oficiales, en la
madrugada del 18 de junio de 1986, los internos del Partido Comunista
del Perú (denominado por la prensa “Sendero Luminoso”), que estaba
inmerso en un proceso de guerra popular prolongada para la toma del
poder en ese país, iniciaron un motín en el Pabellón Azul de la isla
penal de El Frontón, frente al puerto de El Callao. Simultáneamente, se
realizaron motines en el penal de San Juan de Lurigancho y en el Penal
de Mujeres Santa Bárbara.
Según fue denunciado posteriormente
por un informe realizado por los catedráticos Enrique Soto, Rómulo
González y Alfonso Banda, del Departamento Académico de Derecho Público y
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa (Perú), no es verdad que los presos políticos se
hubieran levantado simultáneamente en Lurigancho, El Frontón y la cárcel
de mujeres de El Callao. En cada caso e posible establecer cómo fueron
provocados y cómo se levantaron o incluso sometieron sin resistencia.
En Lurigancho, la semana anterior a
los sucesos se produjo una nueva clasificación de los internos. El
personal entró en el pabellón sin encontrar resistencia y sin encontrar
armas y se procedió a separar a los delincuentes comunes que habían
convivido con los presos políticos a fin de provocarles. Igualmente
fueron separados los presos políticos calificados como “terroristas”
pero que eran miembros de los partidos integrantes de la coalición
Izquierda Unida. Finalmente se cortó el suministro de agua y alimentos.
Los presos políticos presentaron un
recurso de amparo ante el Juez competente, que declaró fundamentado
dicho recurso y ordenó a la Administración penitenciaria poner fin a
esas acciones de provocación. Sin embargo, la notificación de la
resolución sólo llegaría a Lurigancho una vez producida la matanza.
Según dicha comisión, en el Penal de
mujeres de Santa Bárbara, el día de los hechos, el personal auxiliar
penitenciario inició una huelga. Una enorme multitud integrada por
mujeres había ido integrando largas columnas piara visitar a sus
familiares. A consecuencia de la huelga, la visita fue suspendida, lo
que motivó una serie de airadas protestas por parte de las mujeres en la
explanada exterior del penal. Fueron violentamente reprimidas,
utilizándose carros rompe manifestaciones, varas y perros, la represión
estuvo a cargo de unidades
selectas de la Aeronáutica y de la Guardia Republicana. Las mujeres se
entregaron sin resistencia. Fueron colocadas en columna y se las fue
llamando para su traslado. Sólo quedaron algunas, que serían matadas por
efectivos de la Republicana y en presencia de oficiales de la
Aeronáutica.
En Lurigancho los presos se sumaron a
la protesta y lanzaron piedras desde las zonas altas de los pabellones.
No tomaron rehenes, simplemente impidieron la salida de algunos
empleados penitenciarios que laboraban en ese pabellón y que no se
habían sumado a la huelga de sus compañeros.
Un vasto operativo militar-policial
comenzó a desenvolverse. Entre 700 y 1.000 efectivos del Ejército y 200
de la Guardia Republicana se hicieron presentes bajo el mando de un
general del Ejército (identificado como el general Rabanal). El alcaide,
que conocía indudablemente el plan y que había servido a su preparación
con las acciones detalladas anteriormente, advirtió sólo entonces que
se trataba de una operación de exterminio, por lo que se negó a permitir
el ingreso de los efectivos militares. El general Rabanal se identificó
y afirmé, cumplir órdenes expresas del Comando Conjunto. El alcaide
reiteró su negativa mientras consultaba a las autoridades del Ministerio
de Justicia. Finalmente accedió, dejando constancia en acta de que
disponía de los medios necesarios para sofocar cualquier acción de los
internos del Pabellón Industrial y ratificando que ni siquiera se
encontraban armados. Parece que su actitud no fue avalada por las
autoridades de su sector (la renuncia del ministro de Justicia parece
estar determinada precisamente por la incapacidad del señor González
Posada para respaldar a ese funcionario, que supo comprender qué estaba a
punto de ocurrir en Lurigancho y que conocía perfectamente que los
internos carecían de toda posibilidad de resistencia).
Los “sublevados” sólo atinaron a
cerrar todas las puertas de acceso con mesas, camas y colchones y
refugiarse en la zona central y en los extremos. Algunos destrozaron las
camas y se armaron con pedazos de hierro, otros llegaron en su
desesperación a preparar cerbatanas. Un equipo especializado Colocó
cargas de demolición y luego de un intenso fuego de ametralladoras a
través de los boquetes (perecieron entre 50 y 60 reclusos), un grupo
selecto de la Guardia Republicana se introdujo para liberar a los
supuestos rehenes sin encontrar resistencia. Uno de ellos, el testigo de
excepción mencionado anteriormente, se convirtió en portavoz de los
amotinados, informando de que éstos se entregarían y saldrían con las
manos en la nuca. El oficial de la Guardia Republicana consultó a sus
jefes, pero la orden del general Rabanal era definitiva: nadie podría
salir vivo. Se aceptó entonces el ofrecimiento sólo para facilitar el
exterminio: fueron saliendo uno a uno y obligados a tirarse al suelo con
los brazos en la nuca y comenzó la monstruosa cacería...
Nadie dejó de cumplir la orden
criminal; los oficiales y efectivos de la Guardia Republicana se
ensañaron con sus víctimas. El general Rabanal y los efectivos militares
no intervinieron en esta etapa de la operación: ellos se habían
limitado a cumplir la parte militar del operativo. Todos estaban
enterados de que las órdenes procedían del Comando Conjunto, y todos
sabían además que el presidente de la República había dado su aprobación
y que el Consejo de Ministros había votado unánimemente por esa “solución final” del problema senderista.
El Ministro del Interior lo dijo por
radio y televisión, y mientras se iniciaba el operativo, la decisión era
definitiva. Más tarde, Abel Salinas haría un balance y felicitaría a
las fuerzas a su mando (la policía depende de su ministerio).
La verdad en el caso Lurigancho se
abrió paso rápidamente: el exterminio se había producido en un penal con
miles de otros inculpados; la matanza se realizó a la luz del día. Alan
García Pérez, que concurrió al Congreso de la Internacional Socialista,
dijo que lo ocurrido era doloroso, pero estrictamente necesario, y dijo
además que las fuerzas armadas y policiales habían cumplido
estrictamente sus órdenes para restablecer el “principio de autoridad”;
no obstante, al día siguiente tuvo que admitir que se habían producido
excesos; luego, que aproximadamente 30 reclusos habían sido ejecutados;
posteriormente, que el número de ejecuciones podría superar las 70; el
día que visitó Lurigancho afirmó que los asesinados no eran menos de
100. En verdad, los asesinados allí no pueden en ningún caso ser menos
de 169 (víctimas entre el personal militar y policial, ninguna).
En El Frontón, el Gobierno
“socialista” encargó acabar con el motín a la Marina de Guerra bajo el
mando del capitán de navío Luis Giampietri Rojas y del capitán de navío
Juan Carlos Vega Llona, a cargo del operativo.
En efecto, la isla, fue ocupada .por
unidades de la Infantería de Marina, que procedieron a aislar el
pabellón e impedir la salida de éstos de aquella ratonera. A la mañana
siguiente llegarían los señores de la ”comisión de paz” a solicitar su
entrega sin condiciones y la libertad de los rehenes (en este caso
parece incluso que los rehenes nunca existieron, pero que al verse
rodeados por un impresionante aparato naval desarmaron a dos efectivos
de la Guardia Republicana y se apoderaron de dos metralletas).
La comisión se retiró al fracasar su
misión. Posteriormente se inició un prolongado fuego de ametralladoras
sin objetivos precisos; hacia el anochecer se aproximó una pequeña
lancha misilera y desde una distancia de 600 o 700 metros disparó dos
pequeños misiles, que demolieron gran parte del pabellón, pero que
intencionalmente dejaron intacta la parte derecha (de cara al mar) para
obligar a los sobrevivientes a refugiarse allí o intentar huir hacia las
viejas y clausuradas celdas de castigo del pasado. Allí entran en
acción las unidades selectas de la Infantería de Marina para liquidar
uno a uno a los sobrevivientes de la tremenda explosión y a perseguir y
destrozar literalmente a quienes habían escapado (el balance jamás podrá
ser exacto: los familiares de las víctimas que habían visitado la isla
en las últimas semanas coinciden en cifras que van de 350 a 450 presos
del PCP, las cifras proporcionadas por las autoridades son ridículas: 60
u 80). En la resistencia parece ser que murieron un guardia
republicano, rehén o compañero de los presos (hasta el extremo de no
haber sido mencionado ni ascendido póstumamente); un oficial y dos
infantes de Marina, alcanzados por los disparos de los senderistas que
recibieron las metralletas, y un oficial de mar resultó “gravemente”
herido por un dardo de cerbatana. Luego de su rendición los internos
fueron seleccionados y llevados
a una zona de la isla llamada “los baños” donde, según los testigos,
fueron asesinados con disparos y bayonetas.
La edificación fue demolida
deliberadamente después de concluir la operación, al parecer para evitar
pruebas de las ejecuciones extrajudiciales.
De hecho, el Gobierno había promulgado
el Decreto Supremo N° 006-86-JUS, por medio del cual se declararon a
los establecimientos penales como "zonas militares restringidas", con lo
cual se impidió la entrada de autoridades civiles, es decir, jueces y
fiscales, a dichos establecimientos.
Según el testimonio recogido años
después ante La Comisión de la Verdad y Reconciliación, (organismo
creado posteriormente en Perú para investigar los sucesos producidos
durante el periodo de guerra), de dos efectivos de la Marina que
participaron en el operativo que sofocó el motín, los presos que se
rindieron fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.
Muchos de los internos que fallecieron
se encontraban detenidos en calidad de inculpados (en prisión
preventiva a la espera de juicio), y varios de ellos fueron declarados
inocentes en los procesos posteriores, tal como ocurrió con Nolberto
Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, quienes después de fallecidos en
esa masacre resultaron absueltos por cargos de terrorismo que se les
había imputado. La Iglesia Católica peruana en el documento publicado el
19 de junio de 1986 y titulado “Masacre de los penales de Lima” relata:
"En la madrugada del 18, los detenidos
de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se
amotinan y toman rehenes. El Consejo de Ministros y el presidente Alan
García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la
restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene
la Guardia Republicana. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas
muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana.
Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro
reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse.
En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el
Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se
rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se
impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores
de penales. Tampoco la prensa".
El 16 de agosto del 2000, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia
responsabilizando al Estado en el caso de la matanza de los penales, por
la muerte y desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, señalando
que era su obligación esclarecer los hechos y sancionar a los
responsables.
Por supuesto, la impunidad de esos responsables militares y sobre todos políticos ha sido total.
Por supuesto, la reunión de la
Internacional Socialista siguió con sus tareas, nadie se rasgó las
vestiduras ante tamaña masacre. No es de extrañar, el papel de dicha
organización en la represión de la disidencia no ha sido especialmente
escrupulosa con los derechos humanos; desde el misterioso “suicidio” de
dirigentes de la Fracción del Ejército Rojo en Alemania, hasta la guerra
sucia de los Gal en el Estado español, la historia de ese Club de “la
izquierda” está tan podrida de episodios criminales que no nos puede
extrañar que esté honrados de tener a una personaje tan insigne como
Alan García entre sus filas.
Pablo Zarate.
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